The best Side of abogados tráfico de droga Castellón de la Plana - defensa penal detenidos delito de narcotráfico

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Una extradición es un procedimiento legal por el cual un país solicita la entrega de una persona acusada o condenada de un delito para ser juzgada o cumplir una sentencia. Se utiliza cuando un delito se ha cometido en un país y el sospechoso o condenado se encuentra en otro país.

4 LECrim.). Dicha información insuficiente pudiera haber sido completada o subsanada permitiendo el acceso del detenido o su letrado a las partes del atestado en las que constaban las circunstancias decisivas que justificaron la detención policial. El TC, finalmente, admitió la vulneración de las garantías que el artworkículo 17.one y 3 CE reconoce al demandante en cuanto titular del derecho a la libertad y seguridad personalized, como consecuencia de no haber sido informado de modo suficiente sobre las razones de su detención gubernativa de naturaleza penal ni habérsele permitido el acceso a los elementos de las actuaciones que eran esenciales para impugnar su legalidad, declarando nulo el auto del Juzgado de Instrucción que denegó la incoación del procedimiento Habeas Corpus.

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La titular de Defensa se vio envuelta en una polémica tras la viralización de una fotografía junto a Vito Contreras, el autodenominado “abogado de los narcos”.

Es por eso que la gente con sus comentarios "mancha" la profesión, ya que a los defensores penales los ven como entes que aprueban el crimen, pero no saben que defender, NO es lo mismo que APROBAR. Es complicado ejercer tranquilamente en el Derecho Penal, más aun en causas relacionadas con Estupefacientes. Todas las personas tienen la misma cantidad y igualdad de Derechos, y todos los derechos deben ser respetados sea cual sea la condición de la la persona.

La boliviana había llegado a Chile por una oferta de trabajo y no estaba al tanto de que period usada como moneda de cambio para liberar a una narcotraficante chilena. En la sentencia de la causa, seguida en la fiscalía local de Los Andes, se lee lo siguiente: “Luego de proceder a la incautación de la droga y la detención de las personas que trajeron a la ciudadana boliviana, se logró determinar que en sucesivas reuniones sostenidas por los coimputados con el abogado Gabriel Ruiz, en el mes de marzo de 2007, fue este quien impulsó el approach delictual con los coimputados, señalándoles que para lograr la libertad de la madre de uno de ellos, era necesario dejar a otra persona presa con una cantidad igual o remarkable de droga”. En un juicio abreviado de 2009, Gabriel Ruiz Gallardo outcomeó condenado a tres años de pena remitida por tráfico de cocaína. La pena no le impidió seguir participando de causas por narcotráfico.

Concurra a un abogado experto en enjuiciamientos por este tipo de delitos, a fin de ser asesorado correctamente sobre el alcance penal de las acciones relacionadas con los estupefacientes, sus formas de tipificarse, y, sobre todo, ante una imputación por tráfico de tales sustancias.

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Sin embargo, aquellos que se centran en estos procesos, adquieren un nivel más elevado de especialización. Se trata de abogados con un fuertísimo compromiso con su profesión, para quienes el sacro derecho a la defensa, y la observancia del dictado universal del Derecho que insta a demostrar la culpabilidad y no la inocencia, pesa más que el riesgo que su propia imagen pueda correr.

Cuando se realiza una solicitud de extradición, el país requirente debe presentar pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad del acusado y la legalidad del proceso.

Asimismo, estos abogados pueden asesorar a los clientes sobre el proceso de extradición y las opciones legales disponibles para ellos.

Cuando lo establezca una disposición de paradero de testigos protegidos. En este caso, la Policía, si considera que hay que omitir los datos de identificación de un testigo o perito podría acogerse a la ley que habilita tal efecto.

Es al detenido, después de ser informado sobre las razones fácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez, a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a read more través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del Habeas Corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. En el presente supuesto los policías no informaron al solicitante de todos los indicios racionales por los que realizaron la detención, lo que no  permitieron al detenido cuestionar fundadamente su privación de libertad (a pesar de que la detención fue practicada correctamente por los funcionarios policiales, cumpliendo los requisitos del artículo 492.

Joaquín Pérez, nacido en Cuba pero de nacionalidad norteamericana lleva más de 30 años defendiendo los intereses judiciales de narcotraficantes y narcoparamilitares, entre los cuales hay muchos colombianos. Toma sus casos cuando tienen la justicia en el cuello y sus tarifas para lograr acuerdos con la justicia para no pudrirse en las drásticas cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, son sumas astronómicas.